EL ESTADO, EL PARTIDO Y LA REVOLUCIÓN, Un aporte al problema real de la transición

EL ESTADO, EL PARTIDO Y LA REVOLUCIÓN, Un aporte al problema real de la transición

Por, Martín Guédez 

“Sin embargo, es necesario recordar que una economía planificada no es todavía socialismo. Una economía planificada puede estar acompañada de la completa esclavitud del individuo. La realización del socialismo requiere solucionar algunos problemas sociopolíticos extremadamente difíciles: ¿cómo es posible, con una centralizació n de gran envergadura del poder político y económico, evitar que la burocracia llegue a ser todopoderosa y arrogante? ¿Cómo pueden estar protegidos los derechos del individuo y cómo asegurar un contrapeso democrático al poder de la burocracia?”

Albert Einstein

No creo que haya nadie en este mundo que ponga en tela de juicio la superioridad ética del socialismo como contraposición al disparate moral del capitalismo. Aún los defensores del capitalismo como sistema bajan la cabeza ante esta aplastante verdad y se centran para atacar al socialismo en la imposibilidad histórica para construirlo de acuerdo a los resultados obtenidos. El argumento más socorrido es colocar la mirada sobre las experiencias socialistas devenidas en formas de opresión y poder acumulado por una burocracia arrogante.

 

¿Cómo lograr que en esa necesaria etapa de transición en la cual el Estado debe cumplir la insoslayable tarea de poner todo su poder al servicio de la clase trabajadora éste no termine convertido en un nuevo poder al servicio de sí mismo? He aquí sin duda un delicado problema que debe resolverse con creatividad, solvencia teórica y decisión firme.

 

El gran objetivo es una sociedad plenamente libre, solidaria, igualitaria, justa y en pleno ejercicio de la soberanía popular. El fin, desde el punto de vista de la infraestructura económica, es una sociedad en la cual cada una de las fases del proceso económico -capital, producción, distribución y consumo- sean de plena propiedad y decisión social directa. La transición obliga a que en principio. y por quizás un largo tiempo, esta propiedad y esta capacidad de decisión sean indirectas, correspondiéndole al Estado una suerte de representatividad transitoria.

 

Ahora bien, el Estado no es un cuerpo etéreo ni una entelequia. El Estado está encarnado en personas y, por tanto, es susceptible de portar los vicios y las virtudes de estas. Administrar y decidir es poder y el poder es una tentación, a veces irresistible, a la acumulación de riquezas. Una Revolución Socialista, fatalmente desafiada por el tiempo que se agota a cada instante, no puede depender de las fortalezas o debilidades de unos individuos. El pueblo, como sujeto de este proceso revolucionario, no puede enajenar ni transferir una soberanía que le garantice el éxito de sus proyectos. No obstante, este mismo pueblo debe no sólo admitir sino respaldar el papel que al Estado le corresponde en la transición. El problema es entonces lograr que la transición no termine enajenándole su soberanía y su protagonismo al pueblo.

 

Ernst Bloch, pensador marxista de mediados del Siglo XX, autor de la “Utopía Esperanza”, se plantea probables soluciones para abordar este problema de la transición que a juicio de Albert Einstein son “problemas sociopolíticos extremadamente difíciles: ¿cómo es posible, con una centralizació n de gran envergadura del poder político y económico, evitar que la burocracia llegue a ser todopoderosa y arrogante? ¿Cómo pueden estar protegidos los derechos del individuo y cómo asegurar un contrapeso democrático al poder de la burocracia?”. En su ensayo, Bloch ofrece fórmulas para que en la transición, el poder soberano del pueblo “transija” pero no entregue, comparta pero no enajene, y sobre todo, no pierda nunca su poder de control sobre el Estado y su funcionariado. Lo llama él “Dones necesarios para un pueblo en marcha”.

 

En principio, encuentro un grave error que el Partido de la Revolución –salvo el caso del Comandante Presidente- sea al mismo tiempo gobierno y partido. Cuando un cuadro revolucionario ejerce un cargo de importancia dentro del aparato burocrático pierde su capacidad crítica y su fundamental papel de bisagra articuladora entre la misión servidora del Estado y el pueblo al que sirve ¿Cómo evitar que el cuadro-burócrata no sea benévolo –por decir lo menos- en la valoración de su propia gestión y la de sus subalternos? , ¿cómo impedir que ese indudable poder que mana del ejercicio del gobierno no sea mal utilizado en beneficio de sí mismo y de sus incondicionales? , ¿cómo evitar que un gobernador o alcalde no utilice su poder para colocar sus incondicionales en la dirección del partido?, ¿dependerá todo de la calidad ética del cuadro-burócrata? , ¿es suficiente esa garantía para hacer descansar en ella el éxito de la Revolución? ¡La experiencia nos dice rotundamente que no!

 

El Partido tiene que configurarse con las personas más generosas, entregadas, valientes, heroicas e ideológicamente mejor formadas del pueblo. Le corresponde el invalorable privilegio de ser los constructores de un mundo nuevo, y esa debe ser su recompensa. Deben estar libres de tentaciones de poder de ningún tipo. Deben ser personas con vocación irreductible de servicio a la causa, a la patria y al pueblo, sin más recompensa que la que mana de una conciencia satisfecha plenamente con haber sido en esta vida, personas útiles y buenas. El pueblo, en su conjunto, debe ser el protagonista de su propia redención. Los dones necesarios del Profetismo, el Canto, el Reparador y el de la Autoridad Regia, deben ser, como la Soberanía misma, intransferibles, absolutos e imprescriptibles.

 

 

Inventamos o erramos ¡INVENTEMOS!

 

Por, Martín Guédez

El mito del libre mercado

Artículo de Dean Baker, versión completa en:

http://cid-d79339a1349187ba.skydrive.live.com/self.aspx/.Public/El%20mito%20del%20libre%20mercado.pdf

http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=2334

:El mito del libre mercado siempre hay regulación, de
lo que se trata es de saber a quién beneficia
Dean Baker · · · · ·
01/02/09
El reconocido economista norteamericano Dean Baker destruye analíticamente los mitos en boga
sobre la relación entre mercados y regulación.
El extraordinario colapso financiero de los últimos meses se ha venido describiendo
como el testamento del fracaso de la desregulación. Y lo ocurrido es de hecho el
testamento de un fracaso – el fracaso de las políticas públicas. Culpar a la
desregulación es un error.
En general, los debates políticos sobre la desregulación se han enfocado erróneamente
hacia disputas sobre la extensión de la regulación, donde los conservadores se asume
que prefieren menos regulación mientras los liberales prefieren más. Pero en realidad
los conservadores no necesariamente quieren menos regulación, ni los liberales de
izquierda quieren necesariamente más. Los conservadores apoyan regulaciones que
hagan que la renta se quede en las clases altas, mientras que los liberales de izquierda
apoyan la regulación que promueva la igualdad. «Menos» regulación no implica
mayores desigualdades, ni es tampoco cierto lo contrario.
Encuadrar los debates en términos de más o menos regulación no es sólo impreciso;
ello además sesga enormemente la discusión a favor de las posiciones conservadoras,
cuando se caracteriza a una estructura muy intrusiva de, por ejemplo, reglas y patentes
sobre derechos de reproducción, como si fuese el libre mercado. Durante las últimas
dos décadas en el reino de las finanzas y los seguros, las llamadas a la desregulación
han sido tapaderas para normas descaradamente pensadas para favorecer los
intereses corporativos. Y los últimos cambios en las leyes sobre bancarrota, aclamados
por los conservadores, requieren mucho más presencia del gobierno en la economía.
Las proclamas ideológicas falsas han copado el debate público sobre la regulación y
nos han cegado ante la gran variedad de opciones sobre las que en realidad podemos
elegir. Sin esas proclamas, ¿qué sería lo que guiase la política regulatoria? ¿Qué tipo
de alternativas tendríamos?
…
Las patentes y la protección de los derechos de reproducción son buenos ejemplos de
políticas gubernamentales oscurecidas en este debate. Son mecanismos de regulación,
no el «libre mercado».
No importa que llamemos «propiedad» a las patentes o al copyright, ni siquiera que
tengamos una cláusula en la Constitución que autorice al Congreso a garantizar
patentes y copyrights. Imaginemos que se diese a los trabajadores de la industria
automovilística un derecho de propiedad sobre su puesto de trabajo, un derecho que
incluso pudiesen vender. ¿Diría nadie que ese derecho sobre un puesto de trabajo es
parte del libre mercado?
Las patentes y los copyright son protecciones garantizadas por el gobierno y diseñadas
para un propósito público específico, como señala la Constitución: «para promover el
Progreso de la Ciencia y de las Artes útiles». Pero garantizar derechos de propiedad
intelectual es sólo uno de los muchos mecanismos para llevar a buen término ese
importante bien público. Si las patentes o los copyright son o no la forma más efectiva
de promover las artes y las ciencias es una cuestión empírica. Y la respuesta puede
variar según las distintas circunstancias sociales y económicas.
Sin embargo, no podremos tener una discusión seria sobre los relativos méritos o
desventajas de las patentes y los copyright hasta que no reconozcamos que se trata de
políticas públicas y no de rasgos intrínsicos del mercado. Los debates tanto sobre las
patentes como sobre los copyright se han visto enormemente distorsionados por el
hecho de no ser capaces de reconocer esa obviedad.
En el caso de la protección a las patentes, las disputas suelen aparecer en relación a la
prescripción de medicamentos. Si los medicamentos se vendieran en un libre mercado
(es decir, sin la protección de las patentes), la inmensa mayoría de ellos se venderían
por solo unos dólares. Wal-Mart y otras cadenas de grandes almacenes que venden
medicamentos están ofreciendo genéricos por menos de 10 dólares por receta –
sabemos que estos medicamentos pueden producirse de forma segura y venderse
provechosamente a precios bajos.
Los medicamentos que están disponibles como genéricos no se diferencian
químicamente de sus contrapartidas de marca, que suelen venderse por cientos de
dólares cada receta. La única diferencia es que éstos últimos disfrutan de un monopolio
garantizado por el gobierno. Las patentes son pues una política gubernamental que de
hecho sube los precios de los medicamentos en más de un mil por cien respecto al
precio de un mercado libre.
Reconocer esto debería ser el punto de partida de cualquier debate sobre qué políticas
llevar a cabo. La siguiente pregunta es si esta política destinada a apoyar la innovación
es el mejor mecanismo para financiar la investigación y el desarrollo de nuevos
medicamentos. Lo que está claro es que no es el único.
El gobierno podría, por ejemplo, sostener la investigación farmacéutica mediante un
sistema de precios mediante el cual compra patentes sobre medicamentos y luego los
pone a disposición del público de manera que los medicamentos recién desarrollados
podrían ser producidos y vendidos como genéricos.
Cuando dejamos de lado la ideología, vemos como se trata de un debate entre dos
estrategias para mantener los precios de los medicamentos bajos.
Alternativamente, el gobierno podría pagar por la investigación inicial y hacer de todos
los descubrimientos y patentes algo totalmente público. De hecho ya gasta 30 mil
millones de dólares al año financiando investigación biomédica a través del Instituto
Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés – N. del T.), una cantidad al menos tan
grande como la que la industria farmacéutica sostiene que invierte en su propia
investigación. Las innovaciones del NIH son muy respetadas, y casi todos los
observadores coinciden en que, en términos generales, el dinero está muy bien
gastado. Mientras que el NIH se centra en la investigación básica (lleva a cabo también
algo de investigación farmacéutica en las últimas etapas, incluyendo test clínicos), no
hay a priori ninguna razón por la cuál el gobierno no pueda simplemente doblar su
compromiso con la investigación biomédica para así reemplazar la que actualmente se
sostiene mediante patentes monopolísticas.
Pero puede que el gobierno quiera usar un sistema distinto para fomentar el desarrollo
de nuevos medicamentos. Puede que elija establecer un pequeño grupo de contratistas
principales, que posteriormente externalizarían el uso de los fondos para investigación
y así minimizar la interferencia política en su utilización. Independientemente de la
estructura que vaya a tomar el programa en cuestión, la expansión de la financiación
pública directa es claramente posible.
Habría así también un gran beneficio social además del de reducir el precio de los
medicamentos al de su coste marginal. Eliminar las enormes rentas monopolísticas
derivadas de las patentes sobre medicamentos acabaría con los incentivos de las
compañías farmacéuticas para meter en el mercado como sea productos que no son
especialmente beneficiosos, e incluso perjudiciales. Ni habría incentivos para ocultar
descubrimientos científicos que sugieran que un medicamento no funciona demasiado
bien. Aún más, al hacer de dominio público todos los descubrimientos, de modo que los
científicos puedan rápidamente aprovechar la investigación de otros, el proceso de
innovación farmacéutica posiblemente se acelere.
Si un sistema de adquisición pública de patentes o de financiación pública directa sería
preferible al actual sistema de patentes es lógicamente algo debatible; pero lo
importante es que las patentes son solamente un mecanismo entre los muchos que
pueden potenciar la investigación farmacéutica. Y uno que requiere garantizar enormes
rentas monopolísticas a las grandes empresas del sector.
Es importante dejar claro que las patentes son de hecho una forma de regulación, pues
ha habido muchas ocasiones en las que la regulación de los medicamentos se ha
convertido en un tema importante, y se ha acusado a los que desearían una caída de
los precios como enemigos del libre mercado. Por ejemplo, las actuales presiones para
que Medicare (institución parecida a la Seguridad Social española – N. del T.) negocie
menores precios para los medicamentos que compra como parte de sus prestaciones
médicas, es considerada ampliamente como una interferencia en el libre mercado.
Incluso el New York Times y otros medios de comunicación muy respetados suelen
presentar la cuestión de Medicare – precios negociados como un debate entre
defensores del libre mercado contra partidarios de la intervención estatal. Pero cuando
dejamos de lado la ideología, vemos como se trata de un debate entre dos estrategias
reguladoras para mantener bajos los precios de los medicamentos.
…
Ocurre algo parecido con los copyright, aunque en este caso el derroche económico es
incluso mayor y las medidas reguladoras incluso más perversas. En la era de Internet,
casi cualquier material impreso o grabado – música, películas, libros, video juegos –
puede ser transferido instantáneamente a cualquier lugar del mundo y con un coste
casi nulo. Sin embargo, en vez de dejar a la gente que se beneficie totalmente de esta
tecnología, el gobierno ha lanzado un rocambolesco despliegue de nuevas leyes y
restricciones diseñadas para hacer más difícil, y legalmente más arriesgado, el pasarse
material que esté sujeto a copyright.
Así como con las patentes farmacéuticas, los copyright cumplen una función pública
importante. Proveen un incentivo para la producción de trabajos artísticos y creativos.
Pero para proteger los copyright, el gobierno ha puesto en marcha un agresivo régimen
de sanciones para incluso las transgresiones más pequeñas. Por ejemplo, una mujer
de Minnesota tuvo que afrontar una multa de más de 200 mil dólares por permitir que la
gente se descargase música de su ordenador. Se ha dicho a las universidades que
pongan vigilancia en las residencias para asegurarse de que los estudiantes no estén
bajándose material protegido por copyright, y se las ha animado para que den clases
dónde se enseñe que está mal hacer copias no autorizadas de material con derechos
de reproducción.
El gobierno ha prohibido repetidamente la producción de varios tipos de hardware
hasta que ha sido posible instalar protecciones para evitar la copia de material
protegido con copyright. Ha impedido el desarrollo de software que pueda romper las
protecciones de copyright. En una ocasión un científico ruso que trabajaba en el campo
de la informática fue arrestado por el FBI después de dar una conferencia en la que
describía una forma de sortear un tipo de protección de copyright.
La lista de medidas gubernamentales extraordinarias que se han llevado a cabo para
proteger la protección del copyright es interminable. Y sorprendentemente, dichas
medidas nunca se describen como una forma de intervención reguladora. Se tratan
como medidas necesarias para proteger la legalidad del copyright. Sin embargo, así
como las patentes no son la única forma de fomentar la innovación, un monopolio
garantizado por el estado mediante una extensa legislación y muy duras penas no es la
única forma de fomentar la creatividad.
Una gran cantidad de trabajo artístico y creativo ya se lleva a cabo gracias a
mecanismos que no dependen de la protección que brindan el copyright. Las
fundaciones privadas son una alternativa de financiación muy importante, así como los
fondos más reducidos de programas estatales como el National Endowments for the
Arts and Humanities. Las universidades y sus facultades posiblemente sean ya la
mayor fuente de financiación que no depende de los copyright. A los profesores se les
exige llevar a cabo investigación y publicarla además de su actividad lectiva normal.
Es fácil imaginar sistemas para aumentar el apoyo al trabajo creativo y artístico que no
estén dentro del régimen de copyright. Por ejemplo, sería posible diseñar un pequeño
crédito impositivo para quienes o bien apoyen directamente actividades creativas o bien
contribuyan a organizaciones que lo hagan. El crédito podría aplicarse después de las
deducciones por donaciones sin ánimo de lucro o caritativas. Incluso un crédito
impositivo muy modesto por ejemplo de 100 dólares por persona – de modo que los
contribuyentes pudiesen asignarlo a un artista, escritor, músico, o productor
cinematográfico que eligieran – posiblemente fuese suficiente para financiar todo el
trabajo actualmente sostenido mediante copyright.
Pero siendo honestos, rara vez ninguna de la partes argumenta en contra de la
regulación como tal. La verdadera cuestión es qué estructura toma la regulación y su
impacto en los resultados económicos, especialmente la distribución de la renta.
Las alternativas al copyright son viables y probablemente mucho más eficientes que el
propio sistema de copyright. Y remplazarían un gigantesco despliegue de medidas
coercitivas que pueden ser perfectamente vistas como una intervención innecesaria
del gobierno en la economía.
…
Un último ejemplo de excesiva regulación estatal, y nunca tratado como tal, es el
proyecto de ley sobre insolvencia que aprobó el Congreso en 2005. Dicho proyecto de
ley endureció sustancialmente las condiciones que se imponen a la gente para acceder
a la protección que conlleva declararse insolvente, haciendo de ella una opción mucho
menos atractiva.
El debate público sobre el proyecto de ley se plasmó en una caricatura de liberales vs.
conservadores que distorsionó totalmente lo que realmente se estaba dirimiendo. La
posición liberal se decantaba por una cierta compasión hacia la gente que se declara
insolvente; se basaba en estudios que mostraban como una gran mayoría de las
personas que se arruinan no es porqué hayan despilfarrado y acumulado
deliberadamente enromes deudas en su tarjeta de crédito, sino más bien porque les
han pillado malos tiempos debido a la pérdida de su empleo, a haber caído enfermos o
a que se ha roto su familia. Quienes se oponían pues a endurecer las condiciones
sostenían que esta gente necesita y merece el respiro que la declaración de
insolvencia permite.
La posición conservadora se centró en cambio en la responsabilidad individual. Nadie
le fuerza a uno a endeudarse; la gente voluntariamente elige hacerlo. Todo el mundo
sabe que los imprevistos ocurren. Aquellos que ahora pidan la protección de la
insolvencia deberían haber tomado precauciones.
Esta versión del debate sobre la reforma de las regulación de la insolvencia les resultó
sin duda coherente a aquellos que se inclinan por aceptar que a la gente le va bien o
mal debido en gran medida a sus propias acciones, pero lo más importante es que
oscureció la verdadera cuestión a la que se dirigía el proyecto de ley: ¿en qué medida
debe el gobierno hacerse cargo de las facturas impagadas de la gente? En esta historia
quién está buscando la ayuda del gobierno son los acreedores, no los deudores.
Bajo la anterior ley sobre insolvencia, los acreedores podían reclamar casi todos los
activos de sus deudores y en algunos casos incluso tenían derechos sobre los futuros
ingresos. La nueva ley amplió muchísimo esos derechos sobre los ingresos futuros de
los deudores. Ello significa que el gobierno estará en el futuro mucho más metido en la
tarea de gestionar deudas de lo que lo ha estado hasta ahora, posiblemente
controlando los salarios de millones de personas insolventes que aún deban algo a sus
acreedores (para aquellos que se preocupan por los incentivos negativos que producen
los impuestos, vale la pena poner de manifiesto que deducir una cuantía de la nómina
para pagar a los acreedores produce el mismo tipo de desincentivo al trabajo).
Además el razonamiento sobre la responsabilidad individual podría aplicarse por igual a
los acreedores como se hace con los deudores. Una parte importante de llevar bien un
negocio implica saber cuándo conceder crédito. Nadie obligó a nadie a conceder
créditos a aquellos que luego se declararon insolventes. Sencillamente juzgaron mal al
dar crédito a personas a las que era arriesgado hacerlo. ¿Por qué debería el gobierno
ayudar a quienes no supieron cuantificar bien los riesgos de dar créditos? La batalla
ideológica sobre el proyecto de ley resultó ser una distracción. Era en realidad un
esfuerzo por involucrar más al gobierno en ayudar a los bancos. Así de simple.
Los otros casos en los que su puede esperar que la posición conservadora implique
una mayor presencia del gobierno en la economía que la posición liberal abundan.
Durante años, Ben and Jerry’s Homemade ha estado afrontando intentos de los
gobiernos estatales para prohibirles que etiqueten los productos lácteos como libres de
hormona del crecimiento bovina recombinada (rBGH). Algunos grupos de presión
asociados con la industria lechera sostiene que el etiquetar como «libre de rBGH»
implica que las hormonas bovinas del crecimiento son dañinas, lo que no ha sido
dictaminado por la Food and Drug Administration (organismo federal que regula el
control sobre alimentos y medicamentos – N. del T.). Obviamente, Ben and Jerry’s
Homemade no está tratando de impedir que sus competidores sostengan que sus
helados son innocuos. Está tratando de decir la verdad sobre sus propios helados.
En el mismo sentido, el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés)
recientemente prohibió a una industria de envasado de carne que analizase sus
propios productos por si tenían la enfermedad de las vacas locas. La empaquetadora
había intentado hacer analizar privadamente toda su materia prima, mientras que el
USDA comprueba sólo el 1% de todas las reses. Pero el USDA, diciendo que si en un
caso se analizaba todo el stock ello iba a llevar al público a cuestionar la seguridad del
resto de la carne, tomó medidas para impedirlo.
Pero siendo honestos una vez más, ninguna de la partes vuelve a argumentar en
contra de la regulación como tal. La verdadera cuestión es de nuevo qué estructura
toma la regulación y su impacto en los resultados económicos y la distribución de la
renta.
Volvamos a la cuestión de la crisis financiera con eso en mente. Durante las décadas
que han precedido el colapso financiero, la regulación destinada a proteger el público y
garantizar la estabilidad del sistema financiero se debilitó ostensiblemente, pero el
sistema estaba (y está) bastante lejos de ser desregulado.
La regulación clave que sigue en pie es la doctrina del «demasiado grande para
hundirse». En esencia, lo bancos y otras instituciones financieras tomaron enormes
riesgos con una garantía implícita de que sus acreedores podrían contar con la
protección de gobierno si las cosas iban mal. Para todos excepto para los acreedores
de Lehmann Brothers y los principales accionistas de Fannie Mae y Freddie Mac, dicha
creencia resultó ser correcta.
Esta concesión partidaria no es desregulación. Si los que han estado fijando la política
financiera las últimas décadas hubiesen estado realmente interesados en la
desregulación, habrían garantizado a los mercados financieros que las instituciones
financieras que hiciesen malas inversiones se quedarían de patitas en la calle y que a
sus acreedores se les habría acabado la suerte. La Reserva Federal y el Tesoro
habrían advertido que los inversores estaban actuando bajo su propia cuenta y riesgo
cuando depositaban su dinero en Bear Stearns, AIG y compañía.
En cambio en un contexto de «demasiado grande para hundirse», la eliminación de
restricciones al apalancamiento (a los bancos de inversión se les permitió un ratio de
endeudamiento de 40 a 1 sobre su capital, comparado con el 10 a 1 que se les permite
a los bancos comerciales), y la relajación de otras medidas preventivas (el valor
nominal de los credit default swap o CDS, un nuevo tipo de derivados, creció más de
70 billones, con «b», de dólares en un mercado casi totalmente desregulado), dieron
básicamente a los bancos carta blanca para apostar con el dinero de los
contribuyentes.
Los bancos hicieron exactamente lo que predice la teoría económica. Asumieron
grandes riesgos, hipotecándose ellos mismos hasta el cuello comprando activos muy
cuestionables, sabiendo que iban a seguir ganando durante tanto tiempo como siguiese
creciendo la burbuja inmobiliaria. Y lo hicieron con la complicidad servicial de los
fondos de pensiones, los hedge funds y el resto de inversores, porque sabían que el
gobierno les iba a rescatar si las cosas iban mal.
La desregulación puede ser una posición de principio sostenida por aquéllos que
realmente creen en el libre mercado. Pero en Wall Street lo que se quería era una
regulación parcial y partidaria, que les proveyese de una enorme manta de protección
estatal sin costes ni condición alguna. Nadie de Citigroup, Goldman Sachs o J.P.
Morgan fue nunca al Congreso a pedir explícitamente que se acabase con la doctrina
del «demasiado grande para hundirse». Y mientras mucha gente en Wall Street perdía
su trabajo cuando estalló la burbuja, las decenas o centenares de millones de dólares
que ganaron los altos ejecutivos de los bancos durante los buenos tiempos son suyos y
están a buen recaudo. Incluso habiéndose colapsado el mercado, la gran mayoría de
ellos estén posiblemente mejor de lo que habrían estado si hubiesen trabajado
honestamente durante la última década.
…
Si el auténtico debate es sobre el tipo más que la extensión de la regulación, ¿entonces
por qué siempre se plantea en términos de lo segundo? Para los conservadores, la
respuesta es obvia. Muchos americanos comulgan con la idea del libre mercado y
tienen una fuerte aversión hacia el gobierno. La fe en el gobierno va y viene, incluso en
las épocas más liberales. Casi siempre va a ser ventajoso pues asociar una posición
política con el libre mercado.
No es tan claro por el contrario porqué los liberales iban a aceptar tan amablemente
una caricatura de sus posiciones tan perjudicial. La respuesta requiere horadar un poco
más a fondo en qué implicaciones tienen su postura respecto a la naturaleza y
resultados de la dinámica económica. Como los conservadores, los liberales
generalmente aceptan que la gente triunfa gracias a sus habilidades y trabajo duro, con
una pequeña dosis de suerte de por medio. La principal diferencia entre las visones
liberal y conservadora de la economía es que los liberales están dispuestos a creer que
mucha gente tiene que afrontar serias dificultades para salir adelante, y no tiene de
hecho las mismas oportunidades que quienes provienen de un entorno con mayor
riqueza. Los liberales suelen también sentirse culpables por esa diferencia en las
oportunidades de la gente, y por ello apoyan medidas políticas que ayuden a reducir
esa brecha y mejoren las condiciones de aquellos que están peor. Sin embargo,
muchos liberales siguen aceptando la proposición básica de que la distribución de la
renta se decide fundamentalmente en el mercado, y no mediante decisiones políticas
como las patentes, los copyrights o las leyes sobre insolvencia.
¿Pero que ocurriría si aceptas la idea de que casi la totalidad de la economía se
encuentra moldeada por multitud de decisiones políticas que podrían cambiarse
fácilmente? Los banqueros de inversión se hicieron inmensamente ricos porqué el
gobierno les proporciona el refugio de la doctrina del «demasiado grande para hundirse»
pero no les impone a cambio ninguna regulación preventiva seria. Bill Gates se hizo
increíblemente rico porqué, a través de patentes y copyrights, el gobierno le está dando
un monopolio sobre los sistemas operativos que usan (o usaban) el 90% de los
ordenadores del mundo. A los médicos se les paga bien porqué, al contrario que otros
trabajadores menos politizados, disfrutan de protección ante la competencia
internacional. Y lo mismo ocurre con los abogados y otros profesionales altamente
remunerados. Los altos salarios dependen menos de la pericia o el trabajo duro y
mucho más de la habilidad para estructurar el mercado laboral de formas que los
trabajadores de la industria textil o los conductores de taxi no pueden.
Hay una larguísima lista de requisitos legales para la profesionalización en diversos
trabajos (y muchos de los cuales nada tiene que ver con mantener los estándares de
calidad) que hace difícil para los profesionales de fuera venir a trabajar a EEUU.
Mientras que acuerdos comerciales como el NAFTA (North American Free Trade
Agreement) han sido diseñados explícitamente para eliminar las barreras
institucionales que obstruyan la inversión en los países en vías de desarrollo y
potenciar la libre circulación de mercancías que llegan de vuelta a EEUU, no ha habido
ningún esfuerzo comparable para reducir o eliminar las barreras que impiden a los
profesionales altamente cualificados de esos países venir a ejercer en EEUU. Algunos
profesionales ambiciosos de los países en desarrollo se las arreglan para sortear esas
barreras, pero sus homólogos de los EEUU siguen gozando de mucho mayor grado de
protección ante la competencia internacional que los trabajadores menos cualificados.
…
El planteamiento de menos-o-más regulación sostiene la premisa de que hay ahí fuera
y a priori un mercado desregulado, y de que algunos de nosotros queremos reinar en
dicho mercado desregulado mientras otros preferirían dejarlo como está. Esta visión es
consistente con la idea de que las grandes desigualdades de renta aparecen como
resultado de las fuerzas del mercado. Pero como ilustran los anteriores ejemplos, nadie
está en realidad hablando de un mercado desregulado – más bien estamos todos
hablando de a quién va a beneficiar la regulación. La distribución de la renta no ha
precedido nunca a la intervención del gobierno.
El estado está siempre presente, llevando los beneficios en distinta dirección
dependiendo de quién está al mando. Aceptar esta caracterización de la realidad
económica ofrece un punto de partida político mucho más adecuado para hablar de
una regulación progresista. Después de todo, los conservadores quieren también la
gran mano estatal metida en el mercado. Sencillamente se trata de que los beneficios
fluyan luego hacia los de arriba.
Esta visión comprehensiva de la regulación pone en el punto de mira todo el tinglado,
incluidos los altos salarios de muchos de los que sostienen posiciones liberales.
¿Quieren los liberales realmente que todo el mundo pida el mismo trato y se quiten por
tanto las barreras comerciales para servicios médicos o legales como hacemos con las
de los tejidos o los coches? Los liberales sacan también tajada de la ofuscación que
implica el debate en términos de más-o-menos regulación.
Con todo, la catástrofe producida por la desregulación parcial y partidaria de la industria
financiera, junto con una larga lista de regulaciones fracasadas en otros ámbitos de la
economía, va a llevar sin duda a un importante replanteamiento de la política
regulatoria en los próximos años. Queda por ver si este replanteamiento irá o no más
lejos del debate habitual. Sabemos que cuando salgamos de la actual crisis la
economía estará extensamente regulada. La pregunta es, ¿para beneficio de quién?
Dean Baker es codirector del Center for Economic and Policy Research.
Traducción para http://www.sinpermiso.info: Xavier Fontcuberta
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Boston Review, Febrero 2009

La Economía de Rafael Correa o la historia de aquel día que el Petroleo «nos jugo sucio»

Artículo del Economista Carlos Uribe, versión completa en:

http://cid-d79339a1349187ba.skydrive.live.com/self.aspx/.Public/La%20Econom%C3%ADa%20de%20Rafael%20Correa%20o%20La%20Historia%20de%20aquel%20d%C3%ADa%20en%20el%20que%20el%20petr%C3%B3leo.pdf

Desde el descubrimiento del primer yacimiento de petróleo en el Oriente Ecuatoriano, durante la década de los setenta, el país ha sido víctima del fenómeno económico conocido como la “enfermedad holandesa” o “la maldición de los recursos naturales”. Parece ser que un rasgo característico de la mayoría de los países en vías de desarrollo es la gran abundancia de recursos naturales con los que cuentan sus territorios, lo que genera que aquellas reformas estructurales con importantes impactos en el largo plazo se dejen para más tarde y se apliquen, en su lugar, políticas fiscales fundamentadas en un gasto fiscal expansionista e irresponsable, el mismo que no beneficiará a las generaciones actuales como debería, y afectará negativamente a las generaciones futuras. El objetivo de este pequeño ensayo es exponer mi visión de la “transición” que el Ecuador está enfrentado desde la subida del Economista Rafael Correa Delgado a la Presidencia de la República. Para ello, realizaré un pequeño recorrido por la historia política y económica del país, presentaré una breve contrastación entre lo que ya hemos vivido y lo que estamos viviendo y, finalmente, expondré algunas ideas sobre el futuro, a corto y mediano plazo, que le espera al Ecuador después de aquel fatídico día en el que “el petróleo nos jugó sucio”.

Algo de Historia Económica y Política del Ecuador

El territorio en el que ahora está asentado el Ecuador siempre ha sobresalido por una característica en particular: abundancia de recursos naturales. En realidad, esto es algo común en los países del cono sur del continente Americano, lo que se evidencia por el tipo de instituciones con fines extractivos que españoles y portugueses fundaron en estas tierras. Así, siempre que el país ha estado al borde de las peores crisis económicas de su historia, algún boom de recurso natural aparece y salva el cuello del gobierno de turno. Ejemplos de esta situación abundan, pero los más importantes se registraron durante los años veinte, en los cincuenta y, más recientemente, en los setenta.

Durante los años veinte y treinta, el Ecuador atravesaba una grave crisis económica debida al deterioro de los términos de intercambio generado por la contracción de la demanda de los países europeos, después de la primera guerra mundial y la gran depresión en los Estados Unidos. Esta crisis llegó a tal profundidad, que el débil sistema financiero de la época no soportó y llevó a que varios líderes guayaquileños (la mayoría de ellos militares) se levantaran en armas y den inicio a la denominada “revolución juliana”. Se aplicaron muchas reformas estructurales en aquella época, siendo la más importante la creación del Banco Central del Ecuador en manos de la misión Kemmerer. Sin embargo, el gran actor de la época se llamaba cacao y su exportación salvó de la quiebra a muchos terratenientes en la zona costera del Ecuador. Su precio, que registró niveles nunca antes vistos, creó un importante flujo de dinero del que se beneficiaron las élites costeñas, los ánimos se calmaron y todo el país regresó al status quo que nos determina: mucho dinero en la economía, pocas familias beneficiadas, niveles de pobreza descomunales, grados de desarrollo social que dejan mucho que desear.

Y como la historia tiende a ser cíclica, algo parecido se repitió durante los cincuenta. Ahora los efectos negativos que el país enfrentó se derivaban, una vez más, de la contracción de la demanda de nuestros eternos consumidores, los países europeos, los mismos que atravesaban una de las crisis más profundas de su historia y buscaban la reconstrucción después de la segunda guerra mundial. Los protagonistas de la época: el banano y el status quo al que siempre regresamos.

El tiempo seguía pasando, la situación política era un espejo de lo que hasta hace pocos años hemos vivido y la situación económica dejaba mucho que desear. Presidentes iban y venían. El gran caudillo de la historia, Velazco Ibarra, accedía cinco veces a la Presidencia de la República y los períodos intermedios los disfrutaba en el exilio ya que el furibundo pueblo, cansado de sus políticas, lo expulsaba sin pensarlo dos veces. Se acercaba a paso seguro la época de las dictaduras militares.

En julio de 1963 se hacía cargo del poder una junta militar conformada por cuatro oficiales con la idea de llevar a cabo sus políticas por medios autoritarios. Esta junta duró hasta 1966 y en febrero de 1972 el poder pasó a manos del general Guillermo Rodríguez Lara. El relevo, en 1976, lo realizó el triunvirato militar conformado por las cabezas de cada uno de los componentes de las fuerzas armadas.

Autores como North (2006) piensan que el papel político que han jugado los militares en la historia del Ecuador presenta un balance positivo, basada en que fueron los militares los que tuvieron la capacidad de levantarse contra las élites civiles y generar políticas redistributivas que pretendían beneficiar a las mayorías olvidadas por gobiernos no militares. Sin embargo, la misma autora reconoce que reformas, como la agraria, no tuvieron los efectos que sus creadores aducían: la tan pretendida redistribución de tierras nunca se llevó a cabo en la magnitud que estaba planeada (North, 2006; Cueva, 1991).

Yo propongo otro punto de vista para este análisis dejando ligeramente de lado el aspecto político y concentrando la atención en las políticas económicas. En 1972 se descubrió petróleo en el Oriente Ecuatoriano y, una vez que el gobierno militar asumió el poder en febrero de ese año, llevó a cabo un proceso de renegociación de contratos con las compañías petroleras de ese entonces (cualquier parecido con la actualidad, ¿es pura coincidencia?). El objetivo de esta renegociación era que el Estado capte una mayor proporción de los ingresos provenientes de la explotación del recurso para poder contar con un presupuesto fiscal abultado por el lado de los ingresos, que permitiera realizar importantes incrementos en los niveles de gasto social. El General que permaneció en el poder hasta 1976 cumplió con esta premisa y el incremento en el gasto en salud y educación fue bastante importante. El Triunvirato que mantuvo el poder entre 1976 y 1979, aunque lo califican de derecha (North, 2006), aplicó políticas de gasto bastante alejadas del paradigma liberal (entendiendo el liberalismo desde el aspecto económico) y más lejanas todavía de prácticas austeras referentes al manejo de las rentas procedentes de la explotación de recursos naturales. En esta época, el gasto fiscal se disparó y aunque nuestra herencia de aquellas épocas se registra en los primeros asfaltados de las ciudades y carreteras principales, no se ahorró un centavo de esos recursos y, al contrario de cualquier teoría económica, la ilusión de riqueza de la época llevó a que la dictadura se endeude a niveles insospechados con dinero procedente de los venenosos “petrodólares”. Debido a esto, el primer gobierno democrático favorecería una vez más a las élites con la sucretización de la deuda y 29 años más tarde las nuevas élites políticas de este país tendrían la osadía de declarar a esa deuda “ilegítima” y negar su pago para destinar esos recursos al “gasto social”.[1]

Una vez superados estos años (la década del setenta), el petróleo seguía de aliado de los gobiernos de turno, aunque pasaba inadvertido ya que existían preocupaciones aún más grandes. El nuevo “cuco” de la oposición se llamaba Consenso de Washington, las élites recuperaban el poder después de las dictaduras militares, el estado se desarmaba bajo las mal llamadas “políticas neoliberales” y el gasto fiscal caía en picada. En estos años el desempleo se incrementó significativamente al igual que la informalidad y los desastres naturales empeoraban el panorama (entre la década del ochenta y el noventa el país fue víctima de terremotos, fenómenos del niño, deslaves y la destrucción y consecuente tragedia de La Josefina, entre otros).

Fruto de la semilla sembrada, en 1999 cosechamos una de las peores crisis financieras que ha afectado al Ecuador en su historia como república y esta vez no hubo algún boom para salvarnos. La solución al problema fue una reforma estructural formulada al apuro llamada dolarización. Aunque el objetivo de sacarnos de la crisis se cumplió, la reforma generó en los políticos la visión errónea de que el país estaba estable económicamente, cuando la realidad era que estábamos entrando lentamente a una recesión y que los picos de crecimiento de comienzos de la década fueron simplemente la inercia de los picos negativos registrados en años anteriores. Pero lo peor estaba por venir.

En 2005 asumía el ministerio de economía un académico que era profesor de economía de una de las universidades de la ciudad de Quito. Con un currículum impresionante e ideas bastante progresistas, se hacía cargo de esa secretaría de estado el que seguramente ha sido uno de los ministros más preparados que ha tenido el Ecuador. Empezaba a nacer en esta persona sueños de poder, sueños de presidencia. Era el nacimiento de una de las rupturas políticas más importantes que se ha dado en Ecuador. Un año más tarde, Rafael Correa era elegido presidente en una elección en la que los resultados mostraron una victoria aplastante sobre el representante de las élites, Álvaro Noboa.

Volver al futuro

Reto al lector a que complete la siguiente narración con los primeros nombres que le vengan a la cabeza. La crisis financiera de los últimos años de la década de los … llevó a una revolución que terminaría con la renuncia del presidente de turno. El pueblo se levantó contra el gobierno por los altos niveles de corrupción y la relación extremadamente cercana que mantenía con los banqueros. Esta situación terminó en que uno de los bancos más importantes del país se quede sin capacidad de emitir moneda y así reducir la discrecionalidad, ya que muchos de estos recursos eran destinados al financiamiento del despilfarro de los gobiernos de turno.

Por primera vez en el país, la Constitución de … “…incluyó principios de legislación social […] con programas que buscaban la promoción de los intereses tanto de la clase trabajadora como de la población indígena, reformas de impuestos progresivos a favor del ‘proletariado’ y el impuesto a la ‘fuga de capitales’” (Citado en North, 2006 y Paz y Miño, 2000).

Si los primeros puntos suspensivos los completó con noventa y piensa que el banco del cual se habla es el Banco Central, está equivocado. El primer párrafo hace referencia a la crisis financiera que sucedió a finales de los años veinte, que desembocaría en la revolución juliana y en el cierre de uno de los bancos más importantes de Guayaquil, el Banco Comercial y Agrícola, el mismo que tenía capacidades de emisión que generalmente fue destinada a cubrir los déficits de los gobiernos de turno por medio de créditos.

En el segundo párrafo, la constitución a la que se hace referencia es la de 1928, no se trata de la Constitución de la Revolución Ciudadana. Si se comparan estos textos con las demandas indígenas que dieron paso a la Constitución de 1998, la sorpresa será mayor (ver Paz y Miño, 2000).

Lo que he querido demostrar con este par de ejemplos es que la historia del Ecuador es similar en cada época pero con otros actores y otras consecuencias. Además, esto fortalece aún más el siguiente argumento: los problemas fiscales por los que el Gobierno Ecuatoriano está atravesando en la actualidad son los mismos que afectaron a este presupuesto hace veinte, e incluso treinta, años atrás. En esta época ya se intentó un modelo de desarrollo hacia adentro y de tintes nacionalistas (el famoso Modelo de Sustitución de Importaciones) y además se intentó financiar gastos[2] que requieren recursos a largo plazo con ingresos abundantes generados por un precio del petróleo elevado de manera anormal, lo que implicaba que el flujo de estos ingresos iba a terminar más temprano que tarde. El nombre del resultado de este proceso se conoce en la historia como la década perdida.

Lo que nos espera, ¿un enigma?

Hasta la fecha hemos vivido casi dos años del gobierno de Rafael Correa y en este tiempo han sucedido varios hechos que valen la pena mencionar. En primer lugar, es evidente que la política en el país ha dado un giro muy importante, aunque los vicios de épocas pasadas se siguen repitiendo. Por ejemplo, apenas iniciada la gestión del actual presidente, uno de sus ministros estuvo envuelto en un escándalo relacionado con la deuda externa. Este ministro, curiosamente, es el presidente de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, organismo formado con el objetivo de realizar auditorías a la deuda externa y que en uno de sus documentos publicados menciona la ilegitimidad de algunos tramos de deuda (Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, 2008). Además, este personaje representa al poder detrás del poder, ya que está a la luz pública todas las posiciones políticas que ha tenido a lo largo del mandato de Rafael Correa.

En segundo lugar, aunque está relacionado con el punto anterior, el Ecuador cuenta con una nueva Constitución evaluada como una de las más progresistas de América Latina y que incluye temas controversiales como la gratuidad de la educación superior, los derechos de la naturaleza, el quechua como lengua oficial, entre otros.

En tercer lugar, hay que mencionar al Presupuesto General del Estado construido para 2009, el cual contiene el elemento que, según mi punto de vista, ha generado gran parte de los problemas de sostenibilidad fiscal, conjuntamente con el ambicioso proyecto social contenido en la nueva constitución. Este punto será el centro de análisis de los siguientes párrafos.

Entre los meses de julio y septiembre, el Ministerio de Economía y Finanzas debe presentar al ejecutivo el Presupuesto General del Estado que regirá los movimientos financieros de todas las entidades adscritas al Gobierno Central y a los Gobiernos Seccionales además de los centros de salud, centros educativos, organismos de seguridad social, etc. Este presupuesto es el punto de referencia para la evaluación financiera de las actividades del Gobierno. El presupuesto del próximo año contiene un error garrafal. La Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES) presentó al Ministerio de Economía y Finanzas el costo estimado de poner en marcha el proyecto social contenido en la Constitución y el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. Este monto alcanzaba los 12000 millones de dólares, lo cual generaba un déficit presupuestario cercano a los 2000 millones de dólares cuando el presupuesto consideraba un precio unitario del barril de petróleo de 35 dólares. La cifra no gustó a la nueva élite política, la ministra de ese entonces fue despojada de su cargo y lo asumió una de las antiguas subsecretarias. La solución a este problema: presupuestar los ingresos del Estado del próximo año tomando como base un precio por barril de petróleo de 83 dólares, casi un 150% más que lo presupuestado en años anteriores.

Esta estrategia no parecía tan descabellada. Aproximadamente desde 1999 los precios del petróleo han presentado una tendencia marcada al alza, llegando a registrar precios cercanos a los 150 dólares por barril para el crudo WTI. ¿Quién hubiera esperado una caída tan repentina y marcada como la que se ha evidenciado en los últimos meses? La respuesta a esta pregunta es cualquier economista con una visión amplia del sistema mundial. El análisis que no se hizo antes de construir el presupuesto consiste en asimilar que los altos precios del petróleo fueron el fruto de una burbuja especulativa generada por la crisis hipotecaria que se desató en Estados Unidos. Una vez que los inversionistas se dieron cuenta del riesgo implícito en invertir su dinero en el mercado hipotecario, se volcaron a especular en los mercados de commodities. Por las clases de microeconomía intermedia, cualquier estudiante de economía sabe que si la demanda de un bien se incrementa de manera importante y repentina mientras la oferta permanece constante, el precio de ese bien sube de manera estrepitosa. Pero además, también sabe que es sólo cuestión de tiempo el que la oferta se ajuste al nuevo entorno y el mercado se encargue de generar un nuevo punto de equilibrio. En este caso, lo que sucede es lo contrario, la demanda no sigue creciendo y la oferta se ajusta e incrementa la cantidad ofrecida. El resultado, una disminución en los precios de ese bien que incluso puede llegar al precio inicial de equilibrio. Si introducimos a este análisis los problemas de información asimétrica que caracterizan al mercado de futuros, tenemos un modelo que explicaría bastante bien lo que sucedió con los precios de bienes primarios como el petróleo, el cobre, etc.

Esto implica que el Gobierno cometió el mismo error que ya se había cometido en épocas pasadas. Presentó un plan de desarrollo que contenía importantes sumas de gasto público que debía ser destinado a inversión social (gasto permanente) y pretendió financiarlo con los ingresos que provenían de la explotación del petróleo (ingreso no permanente). Y este problema trasciende las fronteras de la economía. El proyecto político del gobierno sustentaba sus promesas en estos ingresos.

Con los precios actuales del petróleo (que todavía presentan una tendencia a la baja), el proyecto político, económico y social del Gobierno se ha vuelto insostenible bajo la estructura actual del país (específicamente me refiero a su estructura monetaria, la dolarización). Los ingresos actuales del Estado no cubrirán los gastos corrientes para todo el próximo año. En realidad, algunas estimaciones muestran que los recursos disponibles (incluyendo los recursos públicos que pertenecen a la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad y que representan el único vestigio de lo que alguna vez fue el ahorro procedente de la explotación de petróleo) no son suficientes para sostener los gastos presupuestados hasta marzo o abril del próximo año. Al igual que el Gobierno de Febres Cordero buscó desmantelar la institucionalidad del Estado (North, 2006), parece ser que el Gobierno de Rafael Correa hizo todo lo posible para que se genere el peor escenario para las finanzas fiscales y que la única puerta de salida sea el acabar con el esquema cambiario de la dolarización.

Y la historia no termina ahí. Este “juego sucio” de los precios del petróleo ha generado que el escenario de la salida del esquema de dolarización sea el peor. Si finalmente se decide acabar con la dolarización, la nueva moneda no contará con la confianza suficiente para mantener el tipo de cambio en niveles aceptables. Más aún, la desconfianza generada en el sistema financiero durante la crisis de 1999 puede llevar a que se genere una fuga masiva de depósitos, lo que puede derivar en una crisis del sistema financiero incluso peor que la ya vivida a finales de la década pasada. La diferencia es que esta vez el gobierno no cuenta con los recursos necesarios para intervenir, los dólares quedarán guardados en los colchones de los contribuyentes y la nueva moneda sufrirá una depreciación acelerada que, según mi opinión, podría ser incluso más vertiginosa que la registrada durante la crisis de la convertibilidad, en Argentina. Las deudas previamente contraídas se multiplicarán y muchos de los deudores se declararán en moratoria, lo que incrementará a niveles inmanejables el porcentaje de cartera vencida de las entidades crediticias, situación que profundizará aún más la crisis financiera. Como dirían en aquel famoso programa de televisión, ¿y ahora, quién podrá defendernos? ¿Cuál será el nuevo boom que salve el día? ¿Qué tan dispuestos estamos a vender el alma al Diablo con el único fin de mantener un proyecto político que es de por sí, insostenible?

Un comentario final

El último párrafo presentado en la sección anterior puede parecer una visión muy pesimista sobre el futuro que le espera al Ecuador, más aún si se considera toda la esperanza que tienen los ecuatorianos después del amplio volumen de propaganda política de los últimos años. Sin embargo, hay que aceptar que existe algo de lógica en este razonamiento.

Es lamentable que una persona que prometió un cambio tan dramático, haya caído en los errores clásicos de las economías latinoamericanas de la década de los sesenta y setenta. Es inaudito pensar que en pleno siglo XXI y con los avances que se han presentado en la Teoría Económica, se comentan errores de análisis típicos de exámenes de novatos en el campo de la economía que están iniciado su carrera.

La historia del Ecuador es marcadamente cíclica, pero los ecuatorianos hemos perdido la memoria, no le hacemos caso a la historia y cometemos los mismos errores de antes, con consecuencias más profundas y con actores diferentes.

Referencias

Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, Informe Final de la Auditoría Integral de la Deuda Ecuatoriana, Quito, 2008.

Cueva, Agustín. «El Ecuador de 1960 a 1979», Ayala Mora, Enrique, editor. Nueva Historia del Ecuador 11. Quito, Grijalvo/Corporación Editora Nacional, 1991.

North, Liisa. «Militares y Estado en Ecuador: ¿Construcción Militar y Desmantelamiento Civil?» Traducción de Natalia Greene. Íconos: Revista de Ciencias Sociales (Quito), número 26, septiembre 2006, pp. 85-95.

Paz y Miño Cepeda, Juan. Revolución Juliana: Nación , Ejército y bancocracia. Quito, Abya-Yala, 2000.

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, Quito, 2007.

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[1] En este punto me permito introducir un ejemplo bastante claro que sustenta mi firme pensamiento de que el declarar que una deuda es ilegítima es algo risible en el sentido más pleno de la palabra. Para ello, consideremos la economía familiar. Supongamos que un matrimonio joven, con pocos años de casados, tienen una tremenda pelea y quedan al borde del divorcio. La ira en él es tan grande, que decide ir inmediatamente al banco, hipotecar su casa (que a la final es la casa de él y de su pareja) y gastar ese dinero en una mesa de villar, un bar último modelo, una membrecía en el club más exclusivo de la ciudad y un automóvil de lujo, con el único objetivo de desquiciar a su compañera. Años más tarde, cuando el matrimonio se encuentra navegando por aguas más tranquilas, él se da cuenta de su error y, por esta razón, las decisiones económicas en ese hogar las toma ella. Entonces, acude al banco acreedor de la hipoteca y les dice: “señores, el momento en el que mi esposo se endeudó, nuestro matrimonio estaba atravesando una crisis; el dinero no nos hacía falta y cómo la decisión derivó de la ira de él, yo declaro que esa deuda es ilegítima y, por lo tanto, no la voy a pagar”. La consecuencia: el día siguiente, el banco ejecutaba la hipoteca de la casa y ponía a él y a ella en la base de datos de la central de riesgo. Terminaba la vida crediticia de la feliz pareja. Esta es simplemente una pequeña historia para tener en cuenta.

[2] Cabe mencionar que la mayoría de estos gastos consistían en inversión social que implicaba un importante incremento en el gasto público en educación, salud, seguridad social, etc.

Jorge Washington, un ejemplo de renunciar al poder

SALUDOS:

Les envío un link en el cuál pueden chequear una pequeña biografía de la vida y legado de George Washington -el que asoma en el billete de 1 dólar jaja-. SU GRANDEZA ESTUVO EN CEDER EL PODER AÚN CUÁNDO PUDO QUEDARSE EN ÉL. UNO DE LOS POCOS CASOS EN LA HISTORIA EN LOS CUÁLES UN HOMBRE SE ESCAPA A LOS TENTÁCULOS DE ESTA FUERZA INCONTROLABLE LLAMADA PODER. A diferencia de Simón Bolívar que buscaba convertirse en MONARCA VITALICIO.

A qué viene todo esto? Pues es claro! A LA NECESIDAD DE QUE CORREA CEDA SU PODER Y DEJE PASO A OTROS SI ES QUE SE PUEDE SALVAR TODAVÍA SU REVOLUCIÓN CIUDADANA.

SI NO A REPETIR LA HISTORIA DE IMPOTENCIA LATINOAMERICANA LAS 100 BATALLAS PERDIDAS DEL GENERAL AURELIANO BUENDIA.

att.
V.A.

http://www.presidentialexpert.com/leadership_george_washington.html

Auto-evaluemonos, critíquemos y dialoguémos por el Ecuador

Amigas y amigos, les invito a revisar el artículo, cuyo link esta al final, del cual no comparto pero respeto, algunas partes.

Lo que quisiera destacar es la invitación que nos hace para autoevaluarnos como ciudadanos; así también como el énfasis que pone en la necesidad de discuciones maduras, que es lo que siempre, nosotros como grupo, hemos querido, queremos y seguiremos queriendo. Finalmente recalco la importancia de la crítica constructiva, que siempre ha sido nuestra razón de ser y el impulso de nuestro espíritu propositivo e investigativo. Por todo esto les invito a seguir compartiendo sus ideas, para darles forma  con los comentarios de otraspersonas y hacerlas útiles; para eso herramientas como el facebook, blogs, conversatorios y otros espacios son herramientas útiles.

El link es: http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=250920&id_seccion=1

Saludos,

Milton A. Freire Briones